Pocos son los temas que generan tantos debates y cuestionamientos alrededor del mundo, y con suficiente razón deberían generarse con más frecuencia en nuestro país; la cuestión de la legalización de las drogas debería ser más escuchada que la prohibición de las sustancias ilícitas. Actualmente, en California (E.U.A.) se permite la producción, venta y consumo de marihuana con ¨fines medicinales¨ y son más de 200 mil los consumidores que se encuentran autorizados por el propio gobierno del estado. Lo peor del caso, es que la historia se repite en otras 12 entidades de la Unión Americana, y aunque las leyes federales lo prohíben, el 60% de la marihuana que se consume en los Estados Unidos se produce dentro del mismo país y proviene de plantíos que son legales según los reglamentos locales, y según leyes federales son de carácter ilegal.
En México, desgraciadamente el debate no se ha desarrollado de la mejor manera posible. Hace tiempo, el gobierno federal presentó una oferta de reforma a la ley general de salud, permitiendo el consumo de cantidades mínimas de droga para uso personal. Sin embargo, nunca se había presentado una propuesta tan amplia y concreta para legalizar (que es diferente a despenalizar) la producción, la comercialización y el consumo de la marihuana en nuestro país, como la que dio a conocer Víctor Hugo Círigo, antiguo líder de la Asamblea Legislativa del D.F., en el año 2008.
Desgraciadamente, en este momento, cuando la política gubernamental de combate contra el crimen organizado ha hecho grandes inversiones monetarias en una lucha perdida, debemos de ser realistas y darnos cuenta que nada detendrá a los criminales mientras tengan dinero proveniente del mercado negro. La cantidad de recursos que se maneja en el mercado ilegal de las drogas, es lo suficientemente alta como para sostener la guerra contra el Estado.
Es evidente que en lugar de gastar los millones en un combate inútil, se les podría ganar a los carteles, legalizando y tomando el Estado en sus manos el mercado. Además de todo, se podrían obtener recursos importantes de las cargas impositivas que le pusieran a las drogas, el dinero ahorrado y el recaudado se podrían invertir en educación, información y prevención de las mismas adicciones.
Según la Oficina para las Drogas y el Crimen de la ONU, en el 2003 el mercado mundial de drogas ilícitas era de 13 mil millones de dólares a nivel de producción, pero se elevaba a 94 mil millones de dólares en el mercado al mayoreo y alcanzaba los 322 mil millones de dólares en la venta al consumidor final. En otras palabras, el margen de rentabilidad entre la producción y la venta al menudeo es de 2,500%, ¿cuántas empresas del mundo pueden ofrecer ese margen?
Los principales enemigos de la legalización son los distribuidores de drogas. Para ellos sería un golpe brutal que se creara un mercado normal para estos productos. Una vez que se perdiera el incentivo de la prohibición, los márgenes de utilidad del negocio caerían a los niveles de otros mercados, y esos no son suficientes para ellos.
Una razón que debe tomarse en cuenta para legalizar no sólo la marihuana, sino cualquier droga, tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. La sociedad no debe verse relacionada en las decisiones que tomen los individuos sin afectar a terceros. Las drogas pueden ser peligrosas o incluso abiertamente dañinas, como lo son otros productos: bebidas alcohólicas, tabaco, incluso ciertos alimentos. El Estado no tiene el derecho de prohibirles a las personas que consuman alguno o varios de estos productos, mucho menos tiene derecho a hacerle daño al individuo al encarcelarlo por el delito de hacerse daño a sí mismo.
En éste, como en otros asuntos, es indispensable la acción de los ciudadanos que creemos que es posible encontrar mejores soluciones a los problemas de convivencia con base en la acción eficaz de un Estado que fundamente sus posiciones en criterios científicos y no visiones morales particulares. Mientras tanto, el tema seguirá ocupando las páginas de los diarios y el tiempo aire de la tele si no se ponen de acuerdo en decidir lo que realmente es necesario para los mexicanos. Independientemente de quien proponga las iniciativas, es decir, mientras los temas se politicen, nada en México avanzará, más que la impunidad, la violencia y la corrupción.
